En la actualidad muchos gobiernos se enfrentan al reto de mejorar la eficiencia y reducir los costes de los servicios que prestan a sus ciudadanos. El ritmo de difusión de los servicios a través de Internet, como la banca o el comercio electrónicos, han hecho que los usuarios esperen de los servicios públicos, niveles de calidad similar a los que reciben cuando utilizan servicios ofrecidos por las empresas privadas.
Las necesidades reales de los ciudadanos requieren trámites y procedimientos con distintos organismos públicos que prestan sus servicios de forma diferente a través de canales diferentes. Sólo en raras ocasiones hay una integración real entre los distintos sistemas de información de esos organismos, obligando a los ciudadanos a repetir trámites o a aportar la misma información varias veces. Esta situación además de no ser adecuada para el ciudadano genera importantes costes a los gobiernos, dificulta la agilidad de los organismos y facilita las situaciones de fraude.
En este entorno, muchos gobiernos ven en el Gobierno Electrónico una oportunidad para abordar esos problemas, con la visión de conseguir prestar servicios públicos de calidad, con un coste adecuado y en la forma y plazo en las que los ciudadanos quieren recibirlos. El Gobierno Electrónico plantea el reto del transformar la presencia on-line de las entidades de modo que pase de difundir contenido e información estáticas a prestar servicios transaccionales integrados e información personalizada según audiencias o colectivos, que permitan a los ciudadanos realizar tareas como completar formularios, pagar tasas, solicitar una licencia o un permiso, plantear una consulta o reclamar una multa de tráfico.
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